Los que se fueron… y los que hoy queremos que se vayan

 

España fue, durante décadas, un país de salida. No solo en los años del desarrollismo europeo, sino también mucho antes, cuando marcharse no era una elección, sino una cuestión de supervivencia. Tras la Guerra Civil Española, cerca de medio millón de personas se vieron obligadas a abandonar el país. No lo hicieron por voluntad, sino empujadas por dos realidades que se entrelazaban: la represión política y la miseria económica de una posguerra devastadora. Intelectuales, docentes, trabajadores, familias enteras salieron hacia América Latina —México, Argentina, Chile, Venezuela— buscando un lugar donde empezar de nuevo. Llegaron con lo puesto, dependieron de la acogida de otros países y aceptaron trabajos humildes para sobrevivir. España, en aquel momento, era un país de hambre, de miedo y de ausencia de futuro.

Aquel no fue un episodio aislado. Entre los años cincuenta y setenta, más de dos millones de españoles volvieron a salir, esta vez hacia Europa, ocupando los trabajos más duros en la construcción, la industria o el campo. Alemania, Francia o Suiza no eran destinos de progreso inmediato, sino lugares donde trabajar sin descanso y enviar dinero a casa. Aquellas remesas sostuvieron familias, pueblos y, en gran medida, el desarrollo de un país que no podía sostenerse por sí mismo. El propio Instituto Español de Emigración organizó y facilitó esa salida porque España necesitaba que su gente emigrara.

Hoy, la escena ha cambiado en apariencia, pero no en esencia. Más de cinco millones de personas extranjeras viven en España y ocupan, en su mayoría, los mismos sectores que antaño ocuparon los españoles fuera: los cuidados, el trabajo doméstico, la agricultura, la hostelería o la construcción. Se trata de empleos duros, inestables, muchas veces precarios, en ocasiones sin contrato o incluso sin cobertura legal. Sin embargo, son trabajos imprescindibles, porque sostienen una parte fundamental de la vida cotidiana: el cuidado de las personas mayores, el funcionamiento de negocios, la producción agrícola o el mantenimiento de los hogares. Sin esa red invisible, la estructura diaria de este país simplemente no se sostendría.

A pesar de ello, el discurso público que gana espacio no pone el foco en esta realidad, sino en una idea repetida hasta convertirse en consigna: que quienes llegan lo hacen para vivir de las ayudas. Sin embargo, España es un país profundamente sostenido por su sistema de protección social. Millones de personas reciben pensiones, prestaciones por desempleo o diferentes tipos de subsidios. Solo el sistema de pensiones alcanza a más de nueve millones de ciudadanos. No se trata de una excepción, sino de un pilar estructural del modelo social. Sin estas ayudas, el país no funcionaría. Y ese dinero, lo reciba quien lo reciba, no desaparece: se transforma en consumo, en alquileres, en alimentación, en economía que permanece dentro del propio sistema.

En paralelo, la sociedad española ha elevado sus expectativas y ha redefinido sus prioridades. Se estudia más, se aspira a mejores condiciones laborales y se rechazan determinados trabajos por considerarlos incompatibles con ese esfuerzo formativo. Surge entonces una pregunta incómoda: ¿quién enviaría a su hijo o hija, tras años de universidad, a recoger espárragos o aceitunas durante jornadas interminables por salarios bajos? La respuesta es evidente. Sin embargo, esos trabajos existen y alguien los realiza. Los realizan jóvenes que llegan desde otros países, aceptando condiciones duras para poder sostener a sus familias, exactamente igual que hicieron quienes emigraron desde España décadas atrás.

Y la contradicción se hace aún más evidente cuando miramos a nuestros propios hijos. Muchos de ellos, tras terminar una carrera, han tenido que salir fuera de España en busca de oportunidades. Y al llegar, han empezado desde abajo: fregando platos, sirviendo mesas, trabajando en cafeterías o en empleos alejados de su formación, hasta poder acceder, con el tiempo, al trabajo para el que estudiaron. Exactamente el mismo recorrido que hoy hacen quienes llegan aquí. Exactamente la misma dignidad en el esfuerzo.

Podríamos incluso ir más allá, hacia una pregunta que incomoda porque rara vez se formula en voz alta. En contextos de desigualdad, donde una persona depende de otra para vivir, trabajar o simplemente permanecer en un país, ¿existe realmente una relación de igualdad? La historia, en España y fuera de ella, ha demostrado en demasiadas ocasiones que no siempre ha sido así. El trabajo doméstico, especialmente cuando se desarrolla en condiciones de vulnerabilidad o sin protección legal, ha estado expuesto a abusos que pocas veces han salido a la luz y casi nunca han formado parte del relato colectivo. No es necesario acudir a cifras para entender lo que implica esa situación: basta con preguntarse qué ocurre cuando la necesidad se cruza con el poder, qué historias quedan fuera cuando decidimos no mirar. Porque si algo nos enseña la memoria —cuando se ejerce— es que la desigualdad sostenida en el tiempo nunca es neutra.

Es en ese punto donde aparece una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo. Se afirma que “deberían irse”, pero esa afirmación se matiza en la práctica: no quienes cuidan a nuestros mayores, no quienes trabajan en nuestros negocios, no quienes sostienen sectores enteros de la economía. La objeción no es general, es selectiva. Y esa selectividad revela que el problema no es estrictamente económico, sino profundamente moral. Criticamos lo que fuimos. Señalamos lo que hemos necesitado ser. Rechazamos en otros lo que forma parte de nuestra propia historia.

España no solo fue un país de emigrantes, sino que sobrevivió gracias a ello. Fue acogida, fue ayudada, fue sostenida en momentos de extrema debilidad. Hoy, en un contexto distinto, vuelve a apoyarse en quienes llegan buscando exactamente lo mismo: una oportunidad. La diferencia es que ahora la memoria es más corta.

¿Cuánto dura la memoria cuando empezamos a vivir bien?

Si has llegado hasta aquí, quizás esta mirada también es la tuya.

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