¿Quién decide?

 

¿Quién decide qué tierra se seca?

El agua llega a los grifos, pero deja de nacer en su origen. El modelo de abastecimiento en Tierra Estella abre una pregunta incómoda: ¿quién decide qué territorios se sacrifican?

Hay lugares donde el agua no se busca, nace. En Tierra Estella siempre lo supimos. Era una certeza sencilla: las fuentes no fallan. Hoy, sin embargo, esa certeza empieza a resquebrajarse.

Mientras algunas fuentes de Lóquiz, Ancín o Mendaza pierden caudal, el sistema que las alimenta se exige cada vez más. No es una percepción puntual, sino el resultado de un modelo consolidado.

La Mancomunidad de Montejurra ha consolidado un modelo de abastecimiento basado en los acuíferos de Lóquiz, con extracciones significativas que distintos análisis sitúan en varios hectómetros cúbicos anuales. Pero más allá de la cifra exacta, lo verdaderamente relevante es la falta de una información pública clara, accesible y transparente, imprescindible cuando hablamos de un recurso que pertenece a todos.

Y el modelo no se detiene, sino que continúa ampliándose. Viana es uno de los ejemplos más recientes, con una inversión de 8,7 millones de euros para integrarse en este sistema. Un modelo en el que los pozos de Mendaza se han convertido en pieza clave del abastecimiento y donde cada vez más territorios dependen de un mismo origen.

Pero toda decisión tiene un coste, y no siempre se cuenta.

Porque los acuíferos no son depósitos infinitos. Son el origen de las fuentes, el soporte de los ríos en épocas secas. Cuando su nivel desciende, no solo cae un dato técnico: desaparece el agua que brota. Y eso, en algunos lugares, ya está ocurriendo.

Cuando se plantea este problema, la respuesta no siempre es escuchar. Existen estudios alternativos, hay voces técnicas que cuestionan el modelo y alcaldes que han expresado su preocupación. Pero también hay silencios. Silencios incómodos, silencios que no interesan, porque reconocer el problema implica algo más complejo que invertir: implica rectificar.

En ese contexto, emerge una estrategia conocida. Se desacredita la crítica, se simplifica el debate y se reduce todo a una necesidad incuestionable: abastecer. Como si no existieran alternativas, como si no hubiera un equilibrio que proteger, como si el origen dejara de importar.

Mientras tanto, el discurso institucional se llena de palabras que todos compartimos —sostenibilidad, medioambiente, reciclaje—, pero la incoherencia empieza a hacerse evidente. No se puede hablar de cuidar el entorno mientras se tensiona el corazón que lo sostiene.

Porque el agua no solo circula por tuberías; también lo hace a través de decisiones. Y esas decisiones no son neutras. Llevar agua a grandes poblaciones garantiza el servicio, pero también asegura votos. Mientras tanto, los territorios que sostienen el recurso —los rurales, los más pequeños— ven cómo su papel se diluye y, en ocasiones, también su voz.

Cuando el problema afecta a pocos, se protesta menos. Y cuando se protesta menos, se molesta menos.

Quizá por eso la despoblación se combate en los discursos, pero se tolera en los hechos.

Hablar de Tierra Estella es hablar de lo que conocemos y de lo que empieza a cambiar ante nuestros ojos. Los datos están ahí, aunque no siempre se expliquen con la claridad necesaria, y reflejan una presión creciente sobre los acuíferos que sostienen nuestras fuentes. Es cierto que no son estáticos, que varían cada año y dependen tanto de los ciclos hidrológicos como de las decisiones de gestión. Pero precisamente por eso sorprende aún más que no se ofrezcan siempre con la transparencia y accesibilidad pública que exige algo tan esencial como el conocimiento de nuestros recursos.

En este contexto, no resulta extraño que circulen cifras difíciles de contrastar, síntoma de que la información no fluye con la claridad necesaria para sostener un debate público riguroso. Porque cuando la información no fluye, el debate se debilita; y cuando el debate se debilita, las decisiones dejan de ser compartidas.

El agua debería ser un bien común también en la información que la explica.

Pero sería ingenuo pensar que este caso es una excepción. Si ampliáramos la mirada y analizáramos otras mancomunidades de Navarra —e incluso otros territorios—, probablemente descubriríamos que estamos ante un patrón más amplio: un modelo en el que, con demasiada frecuencia, la decisión se inclina hacia el interés inmediato en lugar de hacia el equilibrio a largo plazo.

Y entonces la pregunta deja de ser local para volverse estructural.

Porque el agua no es solo un recurso: es un derecho. El acceso al agua potable y al saneamiento fue reconocido como derecho humano por Naciones Unidas en 2010. No es, por tanto, una simple cuestión de gestión técnica, sino una responsabilidad pública que debe garantizarse sin comprometer su origen.

Al final, no se trata solo de cómo gestionamos el agua, sino de cómo entendemos nuestra relación con ella. De si actuamos con responsabilidad hacia la tierra que nos sostiene y hacía unos recursos que no nos pertenecen, sino que custodiamos.

Cuidar la tierra como si no fuera solo nuestra.

Y entonces, inevitable, la pregunta queda en pie:

¿Cuándo el agua deja de nacer, cuando las decisiones benefician a unos y castigan a otros, somos todos iguales… o hay tierras que se pueden secar en silencio?

Si has llegado hasta aquí, quizás esta mirada también es la tuya.
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