El armario de los olvidados

 

El armario de los olvidados

Los concejos no se vacían solos”

 

Hay democracias que se celebran en los grandes salones y otras que sostienen el territorio desde la cocina de una casa, una sala vecinal o una pequeña plaza. En Navarra, esa democracia cercana tiene nombre: concejo. Y, sin embargo, demasiadas veces queda fuera de la conversación pública, de la agenda política y de los recursos.

Un concejo es una entidad local de ámbito infra municipal, con personalidad jurídica propia y reconocida por el Derecho Foral. En Navarra no es una figura simbólica: gestiona bienes comunales, caminos y espacios públicos, pequeñas infraestructuras y, en gran medida, la convivencia cotidiana de numerosos núcleos rurales. Navarra cuenta con centenares de concejos integrados en ayuntamientos mayores que sostienen una parte esencial del territorio.

Muchos concejos funcionan en régimen de concejo abierto, un modelo de gobernanza directa en el que la vecindad puede debatir y decidir en asamblea. Sobre el papel, es una de las expresiones más completas de la democracia local: cercana, participativa y basada en el conocimiento directo de los problemas.

Pero esa cercanía convive hoy con una paradoja difícil de sostener. Las presidencias de concejo asumen obligaciones legales y responsabilidades muy similares a las de una alcaldía dentro de su ámbito competencial: representación institucional, gestión económica, rendición de cuentas, administración del patrimonio comunal, mantenimiento de caminos y equipamientos, mediación en conflictos vecinales y apoyo a la convivencia. Y, sin embargo, carecen de derechos equivalentes, de estructura administrativa y de recursos técnicos estables.

En la práctica, se trata de un puesto altruista: sin sueldo en la mayoría de los casos, sin personal propio y con una carga administrativa creciente. La gobernanza puede ser abierta para decidir, pero la responsabilidad jurídica es concreta cuando algo falla. El resultado es una tensión permanente entre la obligación y la capacidad real de actuar.

A esta desigualdad estructural se suma una evidencia incómoda: un concejo con cuatro, seis o diez casas no resulta políticamente llamativo. En campaña se visita la capital municipal, el núcleo que concentra el censo y decide los resultados. La escucha, las promesas y las inversiones se orientan a los grandes municipios o a las cabeceras. En los concejos pequeños, si hay presencia, suele ser indirecta: cartelería, mensajes generales o la mera inercia del calendario electoral.

No es extraño, por tanto, que sea difícil encontrar campañas electorales pensadas específicamente para concejos. No porque no existan necesidades, sino porque no se consideran prioritarias. Así, los concejos permanecen en la parte más oculta del armario político: existen, pero no se ven; participan, pero no deciden; sostienen territorio, pero rara vez condicionan las políticas.

Y aquí aparece una segunda reflexión. Dentro de las entidades rurales representadas por ayuntamientos se ha impuesto, de facto, una lógica que tensiona el principio democrático de igualdad política: quien concentra más población acumula más capacidad de decisión. El núcleo grande decide; el pequeño asume. No por acuerdo, sino por aritmética.

Formalmente, el sistema garantiza representación municipal. Pero, en la práctica, muchos ayuntamientos no habilitan mecanismos efectivos para que los concejos puedan opinar, votar o decidir sobre cuestiones que afectan directamente a su vida cotidiana. La voz existe, pero no pesa. Y cuando la voz no pesa, la democracia se debilita.

El símil es claro: en un mismo sistema conviven el armario de roble, sólido y visible, y el armario funcional de un pequeño comercio de pueblo, útil pero secundario. Mientras tanto, una parte muy significativa de la población navarra —en torno a un tercio— vive en concejos o núcleos infra municipales: existe, pero no se ve; cuenta, pero no decide.

Esta realidad no es exclusiva de Navarra. La Comunidad Foral cuenta con alrededor de 346 concejos, en los que reside aproximadamente un tercio de la población, lo que evidencia el peso real de estas entidades en la organización territorial. Otros territorios del Estado mantienen estructuras históricas de gobernanza vecinal similares. En el territorio histórico de Álava existen más de 330 concejos, integrados en municipios y en las denominadas cuadrillas, que articulan la gestión local y facilitan cierto acompañamiento institucional. Por su parte, la comunidad de Castilla y León reúne más de 2.200 entidades locales menores, muchas de ellas juntas vecinales, concentradas especialmente en provincias como León, donde se contabilizan más de 1.200, así como en Burgos o Soria. Estos datos reflejan que la democracia de proximidad no es una excepción, sino una realidad extendida en amplias zonas rurales. La diferencia radica en el grado de reconocimiento político, la dotación de recursos y la capacidad efectiva de estas entidades para influir en las decisiones que afectan a su territorio.

Cada vez resulta más difícil que alguien dé el paso para asumir la presidencia. Y cuando nadie lo hace, la estructura se apaga. No por falta de comunidad, sino por desgaste institucional. Si se pretende combatir la despoblación, no basta con enunciarla como preocupación: es necesario ejecutar medidas que reconozcan, apoyen y refuercen la gobernanza de proximidad.

La pregunta ya no es si los concejos deben sobrevivir, sino si el sistema político está dispuesto a reconocer el valor de lo pequeño. Porque un territorio no comienza a vaciarse únicamente cuando se marchan sus habitantes: empieza a hacerlo cuando quienes lo sostienen dejan de ser escuchados.

 

Si has llegado hasta aquí, quizás esta mirada también es la tuya.
Pulsa el menú ☰ y sigue el blog.