¿Y si ya estamos
viendo nuestro futuro?
La digitalización avanza
mientras miles de personas mayores quedan fuera del sistema.
En España viven actualmente cerca de
tres millones de personas mayores de 80 años. En Navarra, la cifra se sitúa en
torno a las 20.000. No se trata de un grupo residual ni de una realidad
marginal: es una parte creciente de la población que, en los próximos años,
seguirá aumentando de forma significativa debido al envejecimiento demográfico.
Sin
embargo, la velocidad a la que avanza la digitalización de servicios públicos y
privados no parece estar teniendo en cuenta esta realidad.
Las
personas que hoy superan los 80 años no vivieron directamente la Guerra Civil Española en su infancia, pero sí
crecieron en una España marcada por la posguerra, la escasez, el miedo, la
falta de derechos y una educación, en muchos casos, limitada. A lo largo de su
vida han atravesado transformaciones profundas: han trabajado, han sostenido
familias, han contribuido al desarrollo del país y, recientemente, han
afrontado también el impacto de una pandemia que volvió a situarlos en el
centro de la vulnerabilidad.
Lejos
de la imagen estereotipada de incapacidad, muchas de estas personas mantienen
plena lucidez y voluntad de adaptación. Quieren aprender, entender y participar
en un entorno que cambia rápidamente. Y tienen derecho a ello.
Pero
el sistema con el que se encuentran no está diseñado para acompañar ese
proceso.
La
progresiva desaparición de la atención presencial en entidades bancarias, la
generalización de trámites administrativos exclusivamente digitales o la
implantación de sistemas automatizados de atención telefónica están
configurando un modelo que, en la práctica, excluye a quienes no han tenido
acceso previo a estas herramientas. No se trata de una resistencia al cambio,
sino de una brecha estructural entre el ritmo de la tecnología y las
condiciones reales de una parte importante de la ciudadanía.
Este
fenómeno no es solo una cuestión social, sino también de derechos.
El
artículo 43 de la Constitución Española
reconoce el derecho a la protección de la salud, pero este derecho no puede
entenderse únicamente en términos asistenciales, sino también como acceso
efectivo a los servicios. Del mismo modo, el artículo 14 establece el principio
de igualdad y no discriminación, que debería traducirse en una accesibilidad
real a los recursos públicos y privados.
A
nivel internacional, la Organización de las
Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de garantizar un
envejecimiento digno, activo e inclusivo, reconociendo que la exclusión digital
puede convertirse en una nueva forma de desigualdad. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud advierte de que
la participación social y el acceso a servicios son elementos esenciales para
la calidad de vida en edades avanzadas.
Pese a
ello, en la práctica cotidiana se repiten escenas que evidencian una
desconexión preocupante: personas mayores que no pueden acceder a su propio
dinero sin ayuda, que dependen de terceros para realizar gestiones básicas o
que quedan atrapadas en sistemas automatizados sin posibilidad de interlocución
humana.
El
problema no es la tecnología en sí misma. La digitalización es necesaria y,
bien aplicada, puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios. El
problema surge cuando se implanta sin medidas de adaptación, sin alternativas
accesibles y sin una evaluación real de su impacto sobre toda la población.
Resulta
legítimo preguntarse si quienes diseñan estos sistemas han experimentado alguna
vez las dificultades que generan. Bastaría con un ejercicio sencillo: intentar
realizar una gestión habitual sin conocimientos digitales previos,
enfrentándose a interfaces complejas, contraseñas cambiantes o instrucciones
poco claras. Este tipo de simulación permitiría comprender que no se trata de
falta de voluntad, sino de falta de acompañamiento.
Además,
la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones o en las empresas.
También interpela a las familias y al conjunto de la sociedad. Las generaciones
que hoy envejecen son las mismas que cuidaron, educaron y sostuvieron a quienes
ahora viven en un entorno más cómodo y tecnológicamente avanzado. Olvidar esa
relación de cuidado intergeneracional supone, en cierto modo, romper un
equilibrio básico.
El
debate de fondo no es tecnológico, sino ético y social. Como sociedad, existen
dos certezas inevitables: o bien morimos antes de llegar a esa etapa, o bien
formaremos parte de ella. La vejez no es una excepción, es un destino común.
Y, sin
embargo, la escena es conocida.
Una
fila. Un trámite cualquiera.
Alguien delante que duda, que se equivoca, que necesita más tiempo.
Y
detrás, la impaciencia.
Miradas.
Suspiros.
Ese gesto casi automático de incomodidad ante quien no avanza al ritmo
esperado.
Pero
quizá la pregunta no está en quien se detiene, sino en quien espera.
Porque
en esa escena cotidiana no solo hay una persona mayor intentando entender.
Hay también un reflejo.
Una anticipación.
Algo
que, antes o después, nos alcanzará.
¿Es
esa persona la que nos retrasa…
o es la vida mostrándonos, sin avisar, el lugar que un día ocuparemos?
Porque
el día que seamos nosotros quienes no entendamos,
¿alguien tendrá la paciencia que hoy estamos perdiendo?
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