¿Y si ya estamos viendo nuestro futuro?

La digitalización avanza mientras miles de personas mayores quedan fuera del sistema.

 

En España viven actualmente cerca de tres millones de personas mayores de 80 años. En Navarra, la cifra se sitúa en torno a las 20.000. No se trata de un grupo residual ni de una realidad marginal: es una parte creciente de la población que, en los próximos años, seguirá aumentando de forma significativa debido al envejecimiento demográfico.

Sin embargo, la velocidad a la que avanza la digitalización de servicios públicos y privados no parece estar teniendo en cuenta esta realidad.

Las personas que hoy superan los 80 años no vivieron directamente la Guerra Civil Española en su infancia, pero sí crecieron en una España marcada por la posguerra, la escasez, el miedo, la falta de derechos y una educación, en muchos casos, limitada. A lo largo de su vida han atravesado transformaciones profundas: han trabajado, han sostenido familias, han contribuido al desarrollo del país y, recientemente, han afrontado también el impacto de una pandemia que volvió a situarlos en el centro de la vulnerabilidad.

Lejos de la imagen estereotipada de incapacidad, muchas de estas personas mantienen plena lucidez y voluntad de adaptación. Quieren aprender, entender y participar en un entorno que cambia rápidamente. Y tienen derecho a ello.

Pero el sistema con el que se encuentran no está diseñado para acompañar ese proceso.

La progresiva desaparición de la atención presencial en entidades bancarias, la generalización de trámites administrativos exclusivamente digitales o la implantación de sistemas automatizados de atención telefónica están configurando un modelo que, en la práctica, excluye a quienes no han tenido acceso previo a estas herramientas. No se trata de una resistencia al cambio, sino de una brecha estructural entre el ritmo de la tecnología y las condiciones reales de una parte importante de la ciudadanía.

Este fenómeno no es solo una cuestión social, sino también de derechos.

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, pero este derecho no puede entenderse únicamente en términos asistenciales, sino también como acceso efectivo a los servicios. Del mismo modo, el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación, que debería traducirse en una accesibilidad real a los recursos públicos y privados.

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de garantizar un envejecimiento digno, activo e inclusivo, reconociendo que la exclusión digital puede convertirse en una nueva forma de desigualdad. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la participación social y el acceso a servicios son elementos esenciales para la calidad de vida en edades avanzadas.

Pese a ello, en la práctica cotidiana se repiten escenas que evidencian una desconexión preocupante: personas mayores que no pueden acceder a su propio dinero sin ayuda, que dependen de terceros para realizar gestiones básicas o que quedan atrapadas en sistemas automatizados sin posibilidad de interlocución humana.

El problema no es la tecnología en sí misma. La digitalización es necesaria y, bien aplicada, puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios. El problema surge cuando se implanta sin medidas de adaptación, sin alternativas accesibles y sin una evaluación real de su impacto sobre toda la población.

Resulta legítimo preguntarse si quienes diseñan estos sistemas han experimentado alguna vez las dificultades que generan. Bastaría con un ejercicio sencillo: intentar realizar una gestión habitual sin conocimientos digitales previos, enfrentándose a interfaces complejas, contraseñas cambiantes o instrucciones poco claras. Este tipo de simulación permitiría comprender que no se trata de falta de voluntad, sino de falta de acompañamiento.

Además, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones o en las empresas. También interpela a las familias y al conjunto de la sociedad. Las generaciones que hoy envejecen son las mismas que cuidaron, educaron y sostuvieron a quienes ahora viven en un entorno más cómodo y tecnológicamente avanzado. Olvidar esa relación de cuidado intergeneracional supone, en cierto modo, romper un equilibrio básico.

El debate de fondo no es tecnológico, sino ético y social. Como sociedad, existen dos certezas inevitables: o bien morimos antes de llegar a esa etapa, o bien formaremos parte de ella. La vejez no es una excepción, es un destino común.

Y, sin embargo, la escena es conocida.

Una fila. Un trámite cualquiera.
Alguien delante que duda, que se equivoca, que necesita más tiempo.

Y detrás, la impaciencia.

Miradas. Suspiros.
Ese gesto casi automático de incomodidad ante quien no avanza al ritmo esperado.

Pero quizá la pregunta no está en quien se detiene, sino en quien espera.

Porque en esa escena cotidiana no solo hay una persona mayor intentando entender.
Hay también un reflejo.
Una anticipación.

Algo que, antes o después, nos alcanzará.

¿Es esa persona la que nos retrasa…
o es la vida mostrándonos, sin avisar, el lugar que un día ocuparemos?

Porque el día que seamos nosotros quienes no entendamos,
¿alguien tendrá la paciencia que hoy estamos perdiendo?

 


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