El ayuntamiento que nadie ve

 

Gobernar un pueblo pequeño con las obligaciones de todos y los recursos de casi nadie

Hay ayuntamientos que caben alrededor de una mesa.

En un municipio de hasta cien habitantes, la corporación está formada por tres concejales, incluida la persona que ocupa la alcaldía. Entre 101 y 250 habitantes son cinco, y entre 251 y 1.000 son siete. El número de representantes aumenta, pero las obligaciones municipales apenas disminuyen.

En un ayuntamiento pequeño se cuenta con una secretaria un día a la semana durante siete horas y con una administrativa otro día, también durante siete horas.

Catorce horas semanales entre las dos.

Catorce horas para atender el registro, los expedientes, la contabilidad, las facturas, los presupuestos, las subvenciones, las contrataciones, las obras, las ordenanzas, los requerimientos, las notificaciones y todas las obligaciones administrativas que acompañan a cualquier municipio.

Cuando el presupuesto lo permite, puede contratarse algún apoyo adicional. Pero ahí comienza el primer problema: cuantos menos habitantes tiene un pueblo, menos capacidad económica posee para ampliar las horas de personal.

Y no, un pueblo pequeño no tiene una Administración pequeña.

Tiene una Administración con menos manos.

La Administración ya no cabe en una carpeta

Durante las dos últimas legislaturas, la gestión municipal ha cambiado por completo.

La Administración telemática ha entrado de lleno en los ayuntamientos. Hoy, prácticamente todo se registra, se tramita, se notifica, se archiva y se firma electrónicamente, desde un ordenador o incluso desde un teléfono móvil.

Desde fuera puede parecer que la digitalización facilita el trabajo. Y en algunos aspectos lo hace. Pero también obliga a manejar certificados electrónicos, plataformas diferentes, programas contables, sedes administrativas, comunicaciones oficiales, contraseñas y plazos que no pueden pasarse por alto.

El expediente electrónico no se tramita solo.

Una persona presenta una instancia para realizar una pequeña obra y puede pensar que basta con que el alcalde o la alcaldesa diga sí o no.

Pero la solicitud debe registrarse, revisarse, incorporarse a un expediente y, en muchas ocasiones, remitirse a los servicios técnicos para que emitan el correspondiente informe. Después debe dictarse una resolución, firmarse y notificarse.

Puede pasar una semana, dos o más.

El vecino ve una obra pequeña.

El ayuntamiento ve un procedimiento administrativo que debe realizarse correctamente.

Cuando un trámite sale bien, casi nadie percibe el trabajo que ha requerido. Cuando se comete un error, en cambio, la responsabilidad sí tiene nombres y apellidos.

Siete horas que nunca son solamente siete

Cuando un procedimiento tarda, se escucha con demasiada facilidad que la secretaria o la administrativa «no trabajan».

Conviene recordar que cada una presta servicio en el municipio únicamente un día a la semana durante siete horas.

En ese tiempo deben atender a los vecinos, revisar expedientes, registrar documentos, preparar resoluciones, tramitar facturas, controlar plazos, gestionar subvenciones, responder a otras administraciones y resolver todas las incidencias acumuladas durante la semana.

Además, muchas de estas profesionales trabajan para varios municipios. Cada pueblo tiene sus presupuestos, ordenanzas, expedientes, problemas y particularidades.

Que un procedimiento tarde no significa que nadie esté trabajando.

Puede faltar un informe técnico, una documentación que debe aportar la persona interesada, una firma, una contestación externa o la resolución de otra Administración.

Tenemos la enorme suerte de contar con trabajadoras que aprovechan cada hora y son capaces de resolver, en muy poco tiempo, asuntos que en estructuras mucho mayores pasarían por varios departamentos.

En demasiadas ocasiones trabajan más de esas siete horas, responden llamadas fuera de su jornada, revisan documentos desde casa o permanecen pendientes de una firma o de un plazo.

Quizá sean, incluso, más resolutivas que muchos administrativos con una jornada completa.

No merecen escuchar que no trabajan porque un expediente haya tardado más de lo que alguien esperaba.

Un ayuntamiento pequeño funciona gracias a personas capaces de hacer encajar una enorme cantidad de obligaciones dentro de muy pocas horas.

Y esas horas contienen mucho más trabajo del que se ve.

El presupuesto no es una caja común

Existe otra idea muy extendida: pensar que el ayuntamiento dispone de una cantidad de dinero y que puede decidir libremente en qué gastarla.

No funciona así.

El presupuesto municipal se divide en partidas destinadas a finalidades concretas: conservación, caminos, alumbrado, personal, limpieza, salud, igualdad, cultura, catastro, obras, actividades o mantenimiento de edificios, entre muchas otras.

El presupuesto es público. Una vez aprobado, debe exponerse y permanecer a disposición de la ciudadanía para su consulta.

Pero que el ayuntamiento tenga dinero no significa que pueda gastarlo en cualquier cosa.

Los créditos presupuestarios deben emplearse en la finalidad para la que fueron aprobados. Si se quiere destinar el dinero a otra necesidad, debe tramitarse la correspondiente modificación presupuestaria, siempre que sea posible y legal.

Por eso puede existir dinero en una partida y faltar en otra.

Puede haber una cantidad destinada a cultura, igualdad o conservación de un edificio y no disponer de dinero suficiente para arreglar un camino.

Desde fuera puede parecer una contradicción.

Desde dentro son partidas, límites, procedimientos y responsabilidades.

La gestión económica municipal exige una precisión exquisita. No basta con considerar que una obra es necesaria.

Hay que comprobar si existe partida presupuestaria, si el gasto corresponde a esa partida, si necesita una modificación, si requiere contratación, si debe aprobarse previamente y cómo se justificará después.

No se puede utilizar el dinero al libre albedrío del ayuntamiento.

Cada euro debe tener un destino, un procedimiento y un documento que lo respalde.

Una subvención para igualdad no arregla un camino

Lo mismo ocurre con las subvenciones.

Cuando un ayuntamiento recibe una ayuda para realizar un proyecto de igualdad, ese dinero debe emplearse en igualdad. No puede destinarse a arreglar un camino, aunque el camino se encuentre en muy mal estado.

Si recibe una subvención para rehabilitar el centro cívico, tendrá que emplearla en esa rehabilitación. No puede decidir que las tuberías son más urgentes y trasladar allí el dinero sin autorización.

Las subvenciones están vinculadas a un objetivo, un proyecto o una actividad concretos. Deben justificarse mediante facturas, pagos y documentación que acredite que se ha cumplido la finalidad para la que fueron concedidas. Utilizarlas para otra cosa puede obligar a devolverlas.

Por eso, cuando alguien dice que «el ayuntamiento tiene dinero, pero no quiere gastarlo», quizá debería preguntar primero de qué dinero se trata y para qué finalidad fue concedido.

No todo el dinero disponible es intercambiable.

No todas las partidas pueden moverse.

No todas las subvenciones sirven para resolver cualquier necesidad.

A veces el ayuntamiento dispone de una ayuda para organizar una actividad y, al mismo tiempo, sigue esperando una subvención para renovar una red de saneamiento de hace cuarenta años.

No es falta de voluntad.

Es la realidad de una economía municipal regulada hasta el último céntimo.

El catastro y la lotería de las lindes

Después está el catastro.

Los municipios deben mantener actualizadas sus ponencias de valoración. En Navarra, la elaboración inicial del proyecto de ponencia corresponde al ayuntamiento, aunque pueda solicitar información y colaboración a Hacienda Tributaria.

Cumplir esta obligación cuesta dinero.

Y volvemos al principio: un municipio pequeño tiene que contratar trabajos técnicos complejos con un presupuesto sostenido por muy pocos habitantes.

Debería existir un verdadero proyecto supramunicipal, comarcal o para toda Navarra que ayudara a revisar los catastros de los pueblos pequeños y asumiera una parte importante de sus costes.

Conseguir que la descripción catastral de una finca coincida con su escritura correspondiente es, en demasiadas ocasiones, una lotería.

Y después están las piedras, mojones y señales que marcan las separaciones de las tierras.

Esas señales que, misteriosamente, parecen tener patas y moverse.

El problema no es solamente que cambien de lugar.

El verdadero problema comienza cuando hay que averiguar hacia qué lado se han movido y quién resulta beneficiado o perjudicado.

Lo que todo el mundo sabía, pero nadie escribió

Otro asunto pendiente es el patrimonio municipal.

Durante muchos años se creyó que no era necesario escriturar algunos terrenos, edificios o espacios porque todo el pueblo sabía que pertenecían al ayuntamiento.

Pero las personas cambian, las generaciones desaparecen y la memoria oral no sustituye a una escritura.

Lo que no está documentado puede terminar convertido en una duda, una discusión o una pérdida.

También sucede con las ordenanzas.

Durante años se resolvieron muchas cuestiones mediante usos, costumbres y acuerdos de palabra. Ahora, cada vez es más necesario que las normas estén escritas, aprobadas y publicadas.

Aquello que antes parecía evidente puede dejar de serlo cuando aparece un conflicto.

Y entonces la frase «siempre se ha hecho así» ya no resulta suficiente.

El patrimonio religioso también tiene propietario

Algo parecido sucede con el patrimonio religioso.

Hay vecinos que dan por hecho que el ayuntamiento debe mantener la iglesia, la ermita o cualquier inmueble relacionado con el culto. Especialmente quienes sienten esos lugares como parte de su fe, su historia o su identidad.

Pero la tradición oral y el sentimiento no determinan la propiedad.

Cada edificio tiene un titular y, en principio, corresponde a su propietario asumir su conservación.

Otra cosa es que el ayuntamiento decida colaborar porque ese inmueble posee un valor histórico, cultural, turístico o sentimental para el municipio.

Esa colaboración puede ser conveniente e incluso necesaria.

Pero colaborar no significa convertirse automáticamente en propietario ni asumir todas las obligaciones de mantenimiento.

Si exige, es malo; si no exige, es irresponsable

También están las casas abandonadas, los pajares con el tejado hundido y los muros que amenazan con caer.

En muchos casos, las familias propietarias no disponen de recursos para afrontar las obras. Es una realidad dolorosa que debe tratarse con sensibilidad.

Pero el ayuntamiento tampoco puede mirar hacia otro lado cuando existe un peligro.

Si requiere a una familia para que repare un tejado, el alcalde se convierte en una mala persona que presiona a quien no tiene dinero.

Si no hace nada y el edificio termina causando daños, se preguntará por qué el ayuntamiento no actuó, no exigió o no sancionó antes.

Así se gobierna muchas veces en un pueblo pequeño:

Si exige, es malo.

Si no exige, es irresponsable.

Y entre una acusación y otra hay un expediente, una obligación, una familia preocupada y una decisión que alguien debe tomar.

El campo no se conserva desde un despacho

Luego están los campos, los caminos y los montes.

Estoy de acuerdo con la protección de las especies y con la conservación del medioambiente.

Pero cualquier política que afecte al territorio debería escuchar a quienes lo conocen de verdad.

La desaparición del ganado y el abandono de determinados usos tradicionales están cambiando nuestros campos. Sin animales que limpien, sin agricultores que trabajen y sin mantenimiento, la vegetación invade caminos, ribazos y parcelas.

Quienes mejor conocen el campo son los ganaderos y los agricultores.

Saben por dónde corre el agua cuando llueve, dónde se atasca un barranco, qué camino está desapareciendo, qué ladera acumula combustible y qué terreno necesita atención.

Quiero pensar que en las grandes mesas de trabajo sobre incendios, inundaciones y conservación de la naturaleza están sentadas las personas que se dejan la vida en la tierra.

Las que no entienden de horarios porque el campo tampoco los entiende.

Las que llevan en sus manos el olor de la siembra y de la recogida.

No se puede proteger el territorio ignorando a quienes lo pisan cada día.

Calles de primera y calles de segunda

Las calles constituyen otra de las grandes injusticias de los municipios pequeños.

Todos los ayuntamientos, independientemente de su población, deben prestar servicios básicos como alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

La obligación existe para todos.

El dinero disponible, no.

Hay pueblos que continúan utilizando tuberías de aguas fecales instaladas hace cuarenta años.

Preparan memorias, encargan proyectos, presentan solicitudes y esperan.

Pero el dinero nunca termina de llegar hasta ellos.

Mientras tanto, observamos cómo otras localidades, cobijadas bajo el paraguas del momento político, consiguen renovar calles, redes e instalaciones.

Los votos no deberían decidir qué vecinos tienen derecho a unas tuberías seguras y cuáles deben continuar esperando.

Una calle de un pueblo de cincuenta habitantes no debería ser menos importante que una calle de una localidad con cinco mil.

Las personas no son menos ciudadanas porque vivan en un municipio pequeño.

De los contenedores no hablaré hoy.

Los contenedores de los pueblos pequeños merecen otro artículo y, posiblemente, una buena colección de fotografías.

El padrón cuenta mucho, pero no lo cuenta todo

La financiación municipal no depende exclusivamente del número de habitantes, pero la población tiene un peso decisivo.

En Navarra, el Fondo de Financiación General se distribuye utilizando diferentes variables, entre ellas la superficie urbana, la dispersión, el envejecimiento, el riesgo de pobreza y la capacidad fiscal. Sin embargo, la población representa el 64,575 % de la fórmula de reparto.

Por tanto, cuantos menos habitantes constan oficialmente, menor suele ser la capacidad económica para mantener calles, caminos, instalaciones y servicios.

Y comienza el círculo de siempre:

Menos habitantes, menos recursos.

Menos recursos, menos servicios administrativos, sanitarios, de transporte, vivienda y un largo etcétera.

Menos servicios, menos posibilidades de que nuevas personas decidan instalarse en el pueblo.

Pero el padrón tampoco explica toda la realidad.

Hay personas que no están empadronadas, aunque tengan una vivienda, pasen largas temporadas en el municipio y sean de las más activas, trabajadoras y participativas.

Colaboran en las fiestas, ayudan en las actividades, cuidan espacios y sostienen buena parte de la vida comunitaria.

Y, aun así, tienen que escuchar que son forasteras.

A veces se lo dice alguien que también llegó de fuera.

O alguien que ha olvidado que casi todas las familias fueron nuevas alguna vez en algún lugar.

El padrón tiene consecuencias económicas y administrativas, pero el sentimiento de pertenencia no debería medirse únicamente por el lugar de nacimiento.

También pertenece quien cuida.

Quien participa.

Quien ayuda.

Quien siente como propio lo que sucede en el pueblo.

Quizá ese sea otro artículo: el de los habitantes que cuentan oficialmente y el de las personas que, sin figurar en las cifras, sostienen la vida de nuestros municipios.

El trabajo de una alcaldía no se mide en paseos

Existe también una idea curiosa sobre el trabajo de las alcaldías rurales.

Parece que un alcalde o una alcaldesa solamente trabaja cuando se le ve paseando por las calles, asistiendo a un acto o hablando con los vecinos.

Pero la mayor parte de la gestión municipal no se realiza delante del público.

Hay que controlar la economía, revisar el presupuesto, aprobar y firmar facturas, preparar plenos, responder requerimientos, solicitar subvenciones, comprobar contratos, estudiar proyectos, redactar ordenanzas, atender a técnicos, supervisar obras, revisar caminos, proteger el patrimonio, resolver conflictos y responder ante otras administraciones.

Hay que leer documentos que llegan por la tarde, firmar expedientes por la noche y contestar mensajes durante los fines de semana.

Hay que tomar decisiones que afectan a personas con las que después coincidirás en la calle, en el bar o en la plaza.

En una ciudad, muchas de estas funciones se reparten entre departamentos y profesionales.

En un pueblo pequeño, gran parte de ellas termina sobre la misma mesa.

Y, muchas veces, en el mismo teléfono móvil.

El cementerio y la memoria

El cementerio también es municipal.

El ayuntamiento mantiene el recinto, pero el cuidado de cada sepultura corresponde normalmente a la familia.

Tristemente, algunas personas ya no tienen familiares que puedan ocuparse de ellas.

En esos casos es de agradecer que el ayuntamiento sepa quiénes son, recuerde dónde descansan y cuide, en la medida de sus posibilidades, ese lugar que para muchas personas continúa siendo sagrado.

Hay tareas municipales que no aparecen reflejadas en ningún presupuesto.

Recordar también es una forma de cuidar un pueblo.

Cuando contratar limpieza convierte a todos en jefes

Algunos ayuntamientos hacen un gran esfuerzo para contratar a una persona que limpie las calles.

Y entonces ocurre algo curioso.

Aparecen vecinos que dejan de sentirse responsables del espacio situado delante de su casa y se convierten automáticamente en jefes de la persona contratada.

Se quejan de una hoja, de una esquina, de una acera o de que no se ha barrido exactamente donde ellos querían.

Durante generaciones, cada familia cuidó el pequeño espacio que tenía delante de su puerta.

Disponer ahora de un servicio de limpieza debería mejorar el pueblo, no hacer desaparecer la responsabilidad individual.

El pueblo no es únicamente del ayuntamiento.

Es de quienes viven en él, de quienes regresan, de quienes lo cuidan y de quienes participan.

Cambiar la pregunta

Antes de criticar al ayuntamiento, quizá deberíamos cambiar la pregunta.

En lugar de preguntar siempre:

¿Qué hace el ayuntamiento por mí?

Podríamos preguntarnos:

¿Qué puedo hacer yo, que formo parte de este pueblo, para ayudar a conservarlo y mejorarlo?

El ayuntamiento se gestiona con nuestros impuestos, pero el pueblo se mantiene también con nuestra colaboración, nuestra participación y nuestra responsabilidad.

Colaborar no significa callar.

No significa aceptar una mala gestión ni renunciar a exigir transparencia.

Hay alcaldes que se equivocan, corporaciones que informan mal y decisiones que deben criticarse. La responsabilidad pública exige explicaciones y la ciudadanía tiene derecho a pedirlas.

Pero una crítica es más justa cuando se realiza después de conocer los recursos, las obligaciones, los procedimientos, los plazos y el trabajo existente detrás de cada decisión.

Participar significa informarse antes de juzgar.

Proponer antes de descalificar.

Comprender que el ayuntamiento no es una empresa de servicios y que los vecinos no somos clientes.

Lo público no pertenece exclusivamente a quien ocupa la alcaldía ni a quienes se sientan en el pleno.

Es de todos.

Por eso también debemos preguntarnos qué aportamos, en qué podemos ayudar, qué espacio podemos cuidar y qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir.

Afortunadamente, quienes solamente critican y nunca colaboran son una minoría tan pequeña que casi no se ve.

Pero existe.

Y algunas veces hace mucho ruido.

Gobernar un pueblo pequeño no significa gestionar poco.

Significa sostener casi todo con casi nadie.

Y vivir en él no consiste únicamente en preguntar qué nos corresponde.

También consiste en decidir qué estamos dispuestos a aportar.

 2.516 municipios con menos de 200 habitantes. Son casi el 31 % de todos los municipios españoles.

Castilla y León reúne 1.279 de estos municipios y Navarra cuenta con 96. Es decir, no estamos hablando de una realidad excepcional o anecdótica, sino de casi uno de cada tres ayuntamientos españoles.

 #LaMirilla

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