Y yo. ¿Qué haría?

 

En el artículo anterior hablaba de anticipación, coordinación, responsabilidades y rendición de cuentas.

Y mi editora, después de leerlo, me hizo una pregunta sencilla, pero bastante más incómoda que cualquier corrección:

«Y tú, ¿Qué harías?»

Buena pregunta.

Porque es muy fácil criticar desde el sofá mientras vemos las noticias.

También en el vermut después de misa, hablando de lo que deberían hacer los gobiernos, de quién sobra, de quién debería marcharse o de quién tiene derecho a qué.

Mojarse ética y moralmente es bastante más complicado.

Sobre todo, cuando la persona de la que hablamos no es de los nuestros.

Tenemos hijos de diecisiete años y seguimos diciendo que son niños. Los protegemos, los llevamos, los traemos, procuramos que no les falte nada y nos preocupa cualquier peligro que puedan encontrar ahí fuera.

Tenemos hijas y nos angustia imaginar que algún desalmado pueda hacerles daño. Queremos que regresen seguras a casa, que nadie las agreda, que nadie las humille, que nadie crea que tiene derecho sobre ellas.

Y, sin embargo, algunas de esas preocupaciones desaparecen cuando el hijo tiene otro color de piel, llegó en una patera o duerme en un centro de acogida.

O defendemos con uñas y dientes la seguridad de nuestras hijas mientras despreciamos las políticas de igualdad destinadas, precisamente, a intentar construir una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo.

Ahí empiezan nuestras contradicciones.

A una parte de la derecha se le llena la boca hablando de familia, tradición, valores e incluso raíces cristianas.

Pero demasiadas veces la solidaridad termina donde empieza la puerta de casa.

Ayudar, sí.

Pero cerca de mí, no.

Acoger, sí.

Pero en mi barrio, mejor tampoco.

Y uno escucha determinados discursos después de misa y llega a preguntarse qué parte del Evangelio hemos decidido saltarnos.

Algún día tendremos que hablar también de eso.

Incluso de si debería existir un carnet de puntos para comulgar.

Pero ese será otro momento de letras.

Porque tampoco pienso dejar a la izquierda instalada cómodamente en el lado bueno de esta historia.

Sabemos lo que una parte de la derecha piensa sobre inmigración. Lo dice, lo repite y, en muchas ocasiones, lo convierte en bandera electoral.

A la izquierda quiero pedirle otra cosa:

Coherencia.

Si durante años has repetido como un mantra que estás al lado del vulnerable, que defiendes los servicios públicos, la solidaridad, los derechos humanos y a quien más lo necesita, entonces tienes una obligación añadida:

Dar ejemplo.

Y reconocer también cuándo has fallado.

Porque aquí hemos fallado.

No porque nadie pudiera adivinar el futuro.

Sino porque hablamos de un problema que conocemos desde hace años.

Sabemos que llegarán menores.

Sabemos que existen determinadas rutas.

Sabemos que hay momentos de mayor presión.

Sabemos que harán falta plazas, profesionales, comida, camas, atención sanitaria, educación y tutela.

Entonces mi primera pregunta es sencilla:

¿por qué seguimos actuando como si todo esto hubiera ocurrido por primera vez?

Primero, las reglas

Si hay que repartir menores entre comunidades autónomas, establezcamos antes cómo se hará.

¿Según población?

¿Renta?

¿Plazas disponibles?

¿Número de menores ya acogidos?

¿Capacidad económica?

Probablemente mediante una combinación de varios criterios.

Pero que esté escrito.

Acordado.

Firmado.

Y que no tengamos que convertir cada llegada en una nueva pelea política.

Las comunidades deberían saber previamente qué responsabilidad tienen.

Y también qué recursos van a recibir para cumplirla.

Porque las competencias no pueden improvisarse dependiendo de quién gobierna en Madrid, Navarra, Canarias, Andalucía o cualquier otro territorio.

Un problema estructural necesita una respuesta estructural.

Y después, el dinero

Porque acoger cuesta dinero.

Y decirlo no significa estar contra la acogida.

Significa entender cómo funciona cualquier servicio público.

Una plaza necesita instalaciones.

Profesionales.

Educadores.

Intérpretes.

Personal sanitario.

Seguridad.

Alimentación.

Educación.

Acompañamiento jurídico.

Eso cuesta dinero.

Por tanto, cada compromiso debería llevar detrás una cifra.

Una partida presupuestaria.

Una administración responsable.

Un plazo.

Y personal preparado.

Soy alcaldesa de un pueblo pequeño y, aunque las dimensiones no tengan nada que ver, algo he aprendido de la gestión pública:

las buenas intenciones no pagan facturas.

Si algo es necesario, hay que presupuestarlo.

Y si no está en el presupuesto, demasiadas veces termina dependiendo de la improvisación.

Por eso creo que esta respuesta debería estar prevista en los presupuestos del Estado y de las Comunidades.

No como una partida extraordinaria que aparece cuando el problema ya está delante de las cámaras.

Como una previsión estable.

Porque además esos recursos no tendrían por qué servir solamente para una emergencia migratoria.

Podrían constituir una red nacional de respuesta ante emergencias.

Hoy podrían necesitarla menores llegados de otro país.

Mañana podríamos necesitarla nosotros.

Sabemos hacerlo

Y esta es quizá la parte que más me cuesta entender.

Pienso en la DANA.

En el volcán de La Palma.

En los incendios.

En accidentes que, de repente, paralizan una comunidad entera.

Cuando consideramos que existe una catástrofe, reaccionamos.

Aparecen aviones.

Camiones.

Alimentos.

Agua.

Colchones.

Tiendas de campaña.

Equipos de emergencia.

Voluntarios.

Personal sanitario.

Personas que abren sus casas, que cocinan para desconocidos, que llevan herramientas, que ofrecen un vehículo o simplemente dos manos para retirar barro.

Y lo hacemos en cuestión de días.

A veces, en horas.

Cada cual ayuda como puede.

Entonces sí sabemos ser solidarios.

Por eso me resulta difícil comprender que podamos acostumbrarnos a ver menores sentados en una calle, esperando, o durmiendo sin unas condiciones mínimas.

Me avergüenza.

Me avergüenza que digamos que somos una sociedad solidaria y consigamos normalizar determinadas imágenes simplemente porque quienes aparecen en ellas no son de aquí.

Porque cuando decidimos que algo constituye una emergencia encontramos camas, comida, profesionales y dinero.

Sabemos hacerlo.

La pregunta incómoda es:

¿qué tiene que ocurrir, y a quién, para que decidamos que estamos ante una emergencia?

Primero se salva

Y aparecerá Marruecos.

Por supuesto.

Marruecos tendrá su historia, sus decisiones y, en su caso, las responsabilidades que correspondan.

Habrá que analizar qué hizo, qué dejó de hacer, qué acuerdos existían y cuáles se incumplieron.

Pero eso viene después.

Cuando ocurre una catástrofe no empezamos preguntando quién provocó el incendio antes de sacar a las personas de la casa.

Primero entramos.

Primero salvamos.

Primero damos agua.

Comida.

Atención sanitaria.

Un lugar seguro donde dormir.

Después, cuando las personas tienen cubiertos unos mínimos, investigamos.

Pedimos explicaciones.

Depuramos responsabilidades.

Ese debería ser el orden.

Porque una persona con hambre no puede esperar a que termine una reunión entre administraciones.

Un menor sin un lugar seguro donde dormir tampoco.

Después hablaremos de Marruecos.

De Europa.

Del Gobierno.

De las comunidades autónomas.

De quienes gobernaban.

De quienes podían haber facilitado acuerdos.

De quienes bloquearon soluciones.

De todos.

Y habrá que hacerlo hasta el final.

Porque la compasión no exime de responsabilidad.

Pero la búsqueda de responsabilidades tampoco puede convertirse en una excusa para olvidarnos de la compasión.

Resolver también es gobernar

Después están los plazos administrativos.

Determinar una edad.

Resolver una solicitud.

Decidir una tutela.

Organizar un traslado.

Todo debería tener unos plazos razonables.

Porque una Administración también puede fabricar parte de un problema cuando tarda demasiado en resolverlo.

Resolver no significa decir siempre que sí.

Ni significa decir siempre que no.

Significa decidir.

Y hacerlo a tiempo.

Un expediente no debería convertirse en un limbo que dure meses o años mientras la persona permanece esperando y los servicios públicos trabajan permanentemente en provisionalidad.

Y ahora quiero hacer una pregunta a la izquierda

Una pregunta provocadora, sí.

Porque si quienes se reivindican progresistas reconocieran que aquí ha existido falta de anticipación, ¿qué ocurriría si durante este mes de agosto quienes han tenido responsabilidades políticas destinaran parte de su sueldo a reforzar temporalmente los recursos de acogida?

¿Cuánto dinero reuniríamos?

No porque sus nóminas puedan sustituir un presupuesto público.

Eso sería absurdo.

Ni porque las responsabilidades de una Administración deban pagarse mediante colectas.

Sino como gesto.

Como forma de decir:

«Esto no lo hicimos bien».

Y acompañar las palabras con algo más.

Ser progresista no debería consistir únicamente en decir que uno defiende al necesitado.

También significa prever cuánto cuesta defenderlo.

Presupuestarlo.

Organizarlo.

Dotarlo de profesionales.

Negociar con quien piensa diferente.

Y hacerlo antes de que las cámaras estén grabando el problema.

Porque los derechos sociales no se sostienen con mantras.

Se sostienen con dinero, planificación, personal y decisiones.

Que cada uno asuma su responsabilidad

Y que nadie se equivoque.

Esto no va de derechas ni de izquierdas.

Es mi punto de vista.

Mi manera de mirar lo ocurrido y de preguntarme qué deberíamos exigir a quienes hemos colocado al frente de nuestras instituciones.

Porque para eso cobran.

Para prever.

Para coordinar.

Para negociar.

Para tomar decisiones.

Y también para asumir responsabilidades cuando algo falla.

Todos somos humanos.

Todos podemos equivocarnos.

Pero un error no desaparece porque digamos que somos humanos.

Cuando un cirujano comete un error grave que afecta a una vida, se investiga qué ha ocurrido.

Si siguió los protocolos.

Si hubo negligencia.

Qué responsabilidad corresponde.

No terminamos la conversación diciendo:

«Bueno, cualquiera se equivoca».

¿Por qué deberíamos exigir menos a quienes toman decisiones que afectan a miles de personas?

Aquí no quiero una pelea para descubrir quién consigue colocar la culpa en el asiento de enfrente.

Quiero que se sienten todos.

Gobierno.

Oposición.

Comunidades autónomas.

Partidos que apoyaron decisiones.

Partidos que bloquearon otras.

Quienes tenían competencias.

Quienes disponían de información.

Y quiero saber:

¿Qué se sabía?

¿Cuándo?

¿Qué medios había?

¿Qué se pidió?

¿Qué respuesta se dio?

¿Qué podía haberse hecho?

¿Y qué se va a cambiar para que no vuelva a ocurrir?

Da igual quién gobierne.

La ética no debería cambiar con el color del Consejo de Ministros.

La compasión tampoco.

Y la responsabilidad, mucho menos.

Y yo, ¿qué hago?

También sé que alguien que esté leyendo esto puede hacerme una pregunta incómoda.

Y tiene derecho.

«Muy bien, Carmen. Tú escribes. ¿Pero qué haces?»

Es una pregunta que también me hago.

Soy alcaldesa de un pueblo pequeño.

Apruebo presupuestos, gestiono recursos limitados y sé que cada decisión pública tiene detrás dinero, competencias, papeles, plazos y responsabilidades.

No puedo resolver desde mi ayuntamiento una crisis migratoria.

Pero sí puedo escribir sobre ella.

Puedo exigir a quienes tienen las competencias que hagan su trabajo.

Puedo preguntarme qué responsabilidad me corresponde como ciudadana.

Y puedo negarme a acostumbrarme.

Si una sola persona termina de leer estas líneas y durante unos minutos deja de pensar en inmigrantes, menas, fronteras, partidos o estadísticas y vuelve a pensar en personas, habrá servido para algo.

Si alguien mira a uno de esos muchachos y piensa por un instante que podría tener la edad de su hijo, habrá servido.

Si alguien se pregunta qué querría que hiciéramos si fuera su hija quien estuviera sentada allí, habrá servido.

Porque apoyar al ser humano no siempre empieza teniendo una solución.

A veces empieza negándonos a mirar hacia otro lado.

Y yo, ¿qué haría?

No tengo la solución a la inmigración.

Y desconfío bastante de quien asegura tenerla en cuatro frases.

Pero sí sé por dónde empezaría.

Reglas acordadas previamente.

Plazas calculadas.

Presupuestos preparados.

Personal formado.

Una red de emergencia estable.

Protocolos.

Plazos.

Responsables.

Y capacidad para reaccionar inmediatamente cuando alguien necesita ayuda.

Después investigaríamos.

Después discutiríamos fronteras.

Después hablaríamos de Marruecos, de Europa y de nuestras propias responsabilidades.

Pero primero salvaríamos.

Primero alimentaríamos.

Primero protegeríamos.

Porque habrá tiempo para encontrar responsables.

Para recuperar una vida perdida, no.

Señoras y señores que nos representan:

pueden discutir sobre fronteras, competencias, presupuestos, modelos migratorios y leyes.

Para eso está también la política.

Pero antes de ponerse el traje de su partido, recuerden ponerse otro.

El más elemental.

El traje de seres humanos.

Porque quizá el problema más grave de esta catástrofe no sea solamente que faltaron plazas, coordinación, leyes o previsión.

Quizá sea que, mientras discutíamos quién debía hacerse cargo, había personas esperando que alguien se hiciera cargo de ellas.

Y esa debería ser una línea roja que ninguna ideología pudiera cruzar.

La Mirilla de Carmen Puerta
Mirada sin filtros, aunque incomode

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